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Preparado por V & S Abogados

 

En los tiempos que corren muchas personas y empresas pasan aunténticas dificultades económicas al no conseguir cobrar el dinero que les deben.

 

Hay ocasiones en las que realmente el deudor no puede atender el pago, en otras esa supuesta incapacidad es ficticia, al ocultarse deliberadamente los bienes y rentas, intentando con ello eludir sus obligaciones.

 

En ningún caso debe darse por perdido el crédito, siendo conveniente iniciar cuanto antes las gestiones extrajudiciales y/o judiciales para lograr el abono de las sumas debidas.

 

No podemos pasar por alto que bastantes personas o empresas se encuentran en situación de insolvencia, pero ello no ha de implicar que se renuncie al crédito, dado que en el futuro la capacidad económica del deudor puede cambiar, lo que posibilitará el cobro de lo debido, más los correspondientes intereses y las costas de su reclamación judicial.

 

Es complicado que los morosos puedan ocultar siempre sus bienes, pues probablemente algún día encuentren un trabajo por cuenta ajena, reciban una herencia, adquieran un vehículo o cambie su suerte, lo que supondrá en caso de haber reclamado la deuda judicialmente que ésta tenga preferencia sobre otros créditos similares que se hayan planteado con posterioridad.

 

Instando la reclamación judicial, aunque se sepa que a corto plazo sea complicado conseguir embargar bienes, nos abre una vía de averiguación patrimonial que oportunamente utilizada permitirá encontrar en el furuto salarios, rentas o bienes que puediera llegar a tener.

 

A través del Juzgado podrémos acceder a las bases de datos de Hacienda, Seguridad Social, Tráfico, Bancos, Entidades Financieras y otras, tanto de gestión publica como privada, en las que pueden quedar registradas operaciones de contenido patrimonial. Para ell debe ser instada judicialmente la oportuna demanda ejecutiva.

 

Por menos de lo que crees iniciaremos las acciones extrajudiciales y judiciales para el cobro de la deuda y si inicialmente el deudor es insolvente, periódicamente solicitaremos del Juzgado que efectue las necesarias indagaciones patrimoniales para determinar si la capacidad del ejecutado ha mejorado.

 

Hay que tener presente que la mayoría son deudas de carácter personal, con un plazo de prescripción de 15 años, por lo que no conviene descartar a priori el éxito de la acción aunque haya pasado mucho tiempo, es más cuando son varios años los pasados desde que debió abonarse el dinero se suele coger desprevenido al deudor.

 

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