La Orden PRE/ 1490/2012, de 9 de julio, que desarrolla la normativa comunitaria y los requisitos tanto para la inscripción en el Registro Central de Extranjeros como para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión establece la necesidad de poder acreditar recursos suficientes, para sí y para los miembros de su familia, debiendo realizarse una valoración de la suficiencia de medios de manera individualizada y en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante (artículo 3 2.c. 2ª).
En la práctica sin embargo esta valoración individualizada no está teniendo lugar, produciéndose denegaciones de tarjetas comunitarias en aquellos casos en los que el ciudadano Español tiene reconocida legalmente una discapacidad; por considerarse por parte de las Delegaciones Gobierno que las pensiones no contributivas de invalidez, no son una acreditación suficiente de los recursos necesarios para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
Esta actuación por parte de la Administración supone una discriminación y atenta contra el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como al ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, recogido en el Real Decreto Legislativo de 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Así se establece en su artículo 63 que dispone que: “se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas”.
Por tanto, cuando al cónyuge de un ciudadano español con discapacidad reconocida legalmente y con su matrimonio inscrito en el Registro Civil español, se le deniega la tarjeta comunitaria por este motivo, está sufriendo una discriminación directa al no valorase de manera individualizada su situación personal y familiar, recomendamos en este caso la interposición del correspondiente recurso.
